¿Y si derogamos la Constitución?
-Otro combo antidemocrático-

Sistemáticamente los gobiernos que sucedieron a la última dictadura se fueron alejando del orden jurídico. El gobierno de Alfonsín utilizo los decretos de necesidad y urgencia en 10 oportunidades, Menem en 10 años utilizó 600, y el presidente Kirchner, en 3 años, lleva más de 200. Lentamente estamos destruyendo nuestro sistema republicano. El orden jurídico de nuestro país es vapuleado una y otra vez alegándose que estos mecanismos –que en realidad se apartan de la legalidad- se convirtieron en uso y costumbre, ya que se vienen realizando sostenidamente en el tiempo. El punto es, sin embargo, que la Constitución todavía vigente, prohíbe expresamente estas formas de accionar.
Haciendo un racconto podemos destacar:
-Pasaron dos años sin que el señor jefe de gabinete concurra a realizar el informe de gestión mensual que figura en el Artículo 101 de la Constitución.
-El presidente legisla desde su sillón mediante los decretos de necesidad y urgencia, prescindiendo del congreso. Este último no realiza la labor de refrendar los DNU ya que la comisión bicameral que tendría que estudiarlos, no esta constituida (Art. 99, Inc. 3)
-El presidente se aumenta el sueldo, de 6000 a 9500 pesos mediante DNU. Articulo 92 indica expresamente: “El Presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos”. Esto se agrava al llevarse a cabo el día de la goleada que Argentina le propinara a Serbia y Montenegro, aprovechando el momento de efusividad social.
-El presidente, no contento con el aumento de sus haberes personales y en un rapto de generosidad, decreta un aumento para sus ministros, aunque nuevamente desconoce otro artículo, el 107, que reza: los ministros “Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser aumentado ni disminuido en favor o perjuicio de los que se hallen en ejercicio”.
-El gobierno envía leyes para obtener facultades especiales que están consagradas al Poder Legislativo -léase proyecto de modificación de la Ley de Administración Financiera, Articulo 37 y Ley de Responsabilidad Fiscal, articulo 14- para dar atribuciones al jefe de gabinete de modificar el presupuesto a su antojo.
Como se desprende de los argumentos precedentes, los gobiernos desconocen la constitución. O mejor dicho, no tienen interés en respetarla. Estos gobiernos surgen del voto popular, por lo tanto podemos encontrar las respuestas a estos comportamientos en la sociedad. Sería bueno realizar un shock masivo de moralidad. Como esto es imposible, solo nos queda empezar a formar ciudadanos instruidos, despiertos, que sepan cuales son sus derechos, que se hagan oír frente a las actitudes de los déspotas de turno. Y que demanden no solo estabilidad económica, sino también respeto al orden jurídico, respeto a las instituciones, respeto por los principios republicanos. Vemos como países desarrollados llegaron a esto. La solución es invertir en educación y que la misma no quede en meros anuncios. Pero los políticos prefieren gente ignorante. Es más fácil manejarlos.

Cristian Bergmann
14 de Julio 2006

La democracia (nuevamente) llora

A través de los años vemos como los gobiernos de turno realizan esfuerzos dirigidos a la acumulación de poder. El poder en Argentina es sinónimo de impunidad, de falta de control, de discrecionalidad. Cada vez que se ven afectados los principios básicos que garantizan una calidad institucionalidad aceptable, la democracia llora. Y esta oportunidad no es la excepción. Recientemente ingresó a la Cámara de Senadores un proyecto de ley -enviado por el oficialismo- por el cual la atribución de modificar el Presupuesto Nacional, consagrada en nuestra Constitución al Poder Legislativo, pasará a la órbita del Poder Ejecutivo, representado por el Jefe de Gabinete.

Como bien sabemos, el presupuesto nacional tiene como objeto planificar los gastos que realizará el Poder Ejecutivo durante el año y como se financiarán. También por intermedio del Presupuesto el gobierno rinde cuentas a la ciudadanía sobre los destinos de la recaudación (que viene incrementándose de manera sostenida a base de retenciones e impuestos cada vez más regresivos). Analizando el mismo, podemos observar cuanto se destina a educación, a salud, a seguridad, etc.

El tenor del proyecto enviado desde el Poder Ejecutivo hace pocos días hecha por tierra el principio de la planificación, estableciendo que el jefe de gabinete puede realizar los cambios que desee al presupuesto, siempre y cuando no modifique su cuantía (para modificar su monto el gobierno pisotea al Congreso utilizando los decretos de necesidad y urgencia). Una vez más el Poder Legislativo prescinde de una facultad que le pertenece y es indelegable (Art. 37, Ley 24.156 de Administración Financiera). Son los Diputados y Senadores los que definen en que debe gastarse el dinero. Y es el Poder Ejecutivo el encargado de administrar en base a los lineamientos provenientes del Congreso.

Años anteriores el gobierno anexaba al proyecto de ley de presupuesto un artículo que le otorgaba las denominadas “atribuciones extraordinarias”. A partir del momento en que sea aprobada esta ley, no hará falta anexar artículo alguno al presupuesto de cada año, ya que será una facultad propia del Jefe de Gabinete quien podrá, por ejemplo, asignar partidas que estaban presupuestadas para gastos de capital (inversiones) a gastos corrientes. Es decir, modificar lo presupuestado sin la intervención del Parlamento. En estos días se vio como se paralizaron las obras de viviendas sociales. Estos fondos estaban comprometidos en el presupuesto del año 2005. Pues bien, si estaban comprometidos los fondos, ¿Qué ha ocurrido? ¿Fueron destinados a otros gastos? ¿Cual fue el destino de dichas partidas?

Se cometen burdas violaciones a la Constitución Nacional. Y es desdeñable que muchas de ellas provengan del Poder Ejecutivo. Se utilizan caminos fuera del orden jurídico, evitando los procedimientos previstos por las leyes vigentes. El gobierno podría realizar cuanto cambio presupuestario se le ocurra, haciendo uso de el aceitado aparato legislativo que ha votado proyectos como la reforma al Consejo de la Magistratura, rechazada desde numerosos ámbitos. A contramano de la constitución, se elige legislar vía decretos de necesidad y urgencia que nunca son refrendados por ninguna de las cámaras y ni siquiera tratados por la comisión correspondiente, ya que la misma nunca se ha constituido (Art. 99, Inciso 3). Ahora bien, caben varios interrogantes: ¿Es este el camino para enriquecer nuestra democracia? ¿Estamos en el camino del afianzamiento institucional? ¿Nos enfocamos en consolidar instituciones fuertes? ¿Existe la tan mencionada independencia de poderes? Mientras la economía se mantenga dentro de los márgenes razonables de estabilidad, la sociedad no se preocupa por estos temas. Sin reglas claras y respeto al orden jurídico, el crecimiento económico sostenido no esta garantizado. ¿Cuantas crisis mas tendremos que afrontar para aprender la lección.

Cristian Bergmann
4 de Julio 2006

Visión a corto plazo, hipocresía y la rueda sigue girando

A diario vemos como los gobernantes de turno repiten una y otra vez errores del pasado. Usando como escudo el voto popular y la supuesta defensa de la democracia, estos sujetos están siempre preocupados por la suma de poder. El poder es una herramienta indispensable para gobernar, pero cuando se convierte en fin último, su concepto queda alienado. Por consiguiente, ya no es objetivo primordial la defensa de las políticas necesarias para el desarrollo integral de la nación –léase salud, educación, trabajo-. Este objetivo lógico de todo país que quiere crecer, ser grande, queda relegado por la necesidad de impunidad de algunos pocos. O muchos. Y esa “calidad institucional” que tanto suena a frase hecha y que por pocos es entendida, esta cada vez más lejos.

Así es como se explican algunos de los problemas que enfrentamos como país, casi a diario. No hay visión estratégica. Los temas se enfrentan con soluciones cortoplazistas. Nos movemos de crisis en crisis, desencadenadas por años de desmanejos y excesos de poder. Nuestro país, nuestros gobiernos, nuestra sociedad, se caracterizan por avasallar el orden jurídico. “La ley somos nosotros”, es el pensamiento. Cuando nuestros objetivos están fuera del marco de la ley, buscamos chicanas que nos permitan el cometido. Normalmente hablamos de gobernantes porque su operar, a veces groseramente, esta a la luz de los hechos. Y porque es la forma de exteriorizar sobre terceros nuestra porción de culpa de los males que nos aquejan. Finalmente, la corrupción en sus más variadas formas se convierte en algo natural.

Los tiempos que nos tocan vivir no son ajenos a este conjunto de formas de actuar. Y estamos en nuestro cómodo sillón, viendo como todo esto acontece naturalmente. Decisiones como la suspensión de exportaciones de carnes, hacen perder mercados ganados con el sudor del trabajo de miles de argentinos y, a pesar de morigerar un problema de raíz interna, desembocamos en otro que lesiona nuestra posición en el mercado internacional. Y es sabido que el intercambio mundial no se rige por nuestras decisiones intempestivas, sino que se desenvuelve en un contexto de previsibilidad, legalidad y reglas de juego claras que aportan los países desarrollados, cuya posición en el mercado es dominante.

Aumentos de tarifas encubiertos bajo “cargos específicos”, cuyos fondos desembocarán en fideicomisos administrados quien sabe por quien, y cuya fiscalización esta en duda. Sobreprecio en licitaciones, reasignaciones presupuestarias a cargo del Poder Ejecutivo, prescindiendo el Poder Legislativo de una atribución propia. Y la rueda sigue.

La calidad institucional es un principio necesario para asegurar el crecimiento económico sustentable que toda sociedad pujante y con ansias de crecer busca.

Calidad institucional es independencia de poderes, es un estado fuerte en su justa medida -ni omnipresente ni ausente-, es enriquecimiento de la democracia mediante el dialogo, es el arco político en su totalidad de acuerdo en un plan de gobierno con puntos que deben ser respetados por el gobierno de turno, tal es el caso de Chile. Es construir, no destruir.

La bonanza económica actual, motivada en gran parte por el alto precio de las commodities, no nos deja ver que esta primavera se puede caer de un plumazo cuando el éxito sojero acabe o disminuya. Y nuestro objetivo debería ser la implementación de políticas publicas de largo plazo, que nos permitan llegar a un horizonte lo mas certero posible, con reglas claras que atraigan inversiones. Si estamos preocupados solo por la coyuntura, es evidente que no solucionaremos problemas de fondo y, peor aún, entraremos en “cuellos de botella” cuya solución será cada vez más difícil. Lamentablemente, las políticas estratégicas de largo plazo no proporcionan resultados inmediatos, en esta cultura de la inmediatez.

Cristian Bergmann

8 Mayo 2006